Recuerdo una imagen.
Viajaba en autobús de Santo Domingo a San Pedro. Pasábamos por el peaje; me gusta ver las tonalidades de azul y verde que tiene el Mar Caribe en el parque nacional submarino La Caleta, justo frente al peaje. Una mano en el cristal del vehículo me interrumpe. Un vendedor, apresurado, se acercó a mi ventana con un periódico.
Vi la portada: cuerpos apilados en camiones, fotografiados, muertos.
En el momento me pareció que tomar fotos a tantos cadáveres estaba mal.
Nunca he olvidado esa imagen.
Era la representación de la tragedia de Jimaní. Las imágenes de cientos de muertos fueron recogidas por todos los periódicos nacionales. El desbordamiento del río Soliette —conocido como río Blanco en República Dominicana—, un cauce que llevaba décadas sin manifestarse despertó una noche, mientras todos dormían.
Una avalancha de agua, lodo y escombros atravesó la frontera sin reconocer límites: el fenómeno se originó en Haití, pero la tragedia fue compartida.
Las víctimas, entre haitianas y dominicanas, se acercaron al millar.
Y es cierto: la naturaleza no se controla.
Pero hay cosas que no pueden volver a pasar.
No puede volver a pasar que los cuerpos de quienes mueren en desastres sean exhibidos como objetos, como troncos arrastrados, en primeras planas.
Como si no tuvieran nombre, historia ni dolientes.
El muerto también tiene dignidad.
Recuerdo una alumna que investigó sobre la dignidad póstuma. Tenía razón en hacerlo. En la República Dominicana sigue ocurriendo que circulan imágenes de personas fallecidas en accidentes y tragedias, sin ningún tipo de respeto.
Tampoco puede volver a pasar que olvidemos tan rápido.
Que no sepamos qué ocurrió con los hijos, con los hogares, con las vidas que quedaron suspendidas.
Que esas muertes no generen preguntas ni exigencias.
Porque si bien la naturaleza es imprevisible, el abandono no lo es.
El sistema de protección del Estado debe prevenir, y cuando no pueda evitar, debe responder. No solo asistir, sino también reconocer.
Y, sin embargo, los años pasan y las tragedias continúan.
Mucho tiempo después, una fábrica de plástico explotó en Santo Domingo. Estaba ubicada en medio de un sector residencial, rodeada de familias. Murieron personas dentro de ella. Algunos trabajadores, sin comprender plenamente el peligro, enviaron videos a sus familiares antes de morir; luego esos mismos videos circularon en redes sociales y en la televisión.
A diferencia de la naturaleza, estos hechos sí pueden prevenirse.
Algo falló: en la ubicación de la fábrica, en los controles, en los protocolos de seguridad.
Y eso no debió pasar.
No puede ocurrir que los privados decidan, por sí solos, cómo asumirán riesgos que afectan a toda la colectividad.
No puede pasar que el Estado sea tímido en regular dónde se instalan industrias de alto riesgo.
No puede pasar que el crecimiento urbano ocurra sin planificación.
No puede pasar que se normalice el peligro.
No debe volver a pasar.
Otra exposición, en un mercado en San Cristóbal, se llevó la vida de decenas de personas. Otra vez el plástico y el gas se unen para demostrar protocolos débiles.
Y como esos grandes eventos, pasan imprudencias cotidianas que generan historias personales que no salen en la prensa: una vieja olla de presión explota en la cocina de un apartamento familiar; en un barrio un vecino le roba la energía eléctrica a otro, sobrecarga los alambres y aparece el cortocircuito que mata a una familia completa; condiciones de hacinamiento que exponen a los más vulnerables; el país en el top ten con más accidentes de tránsito por descuidos; enfermarse es un dolor de cabeza, un dolor en el bolsillo, un dolor en el alma y una puñalada en la dignidad; o fumigaciones irresponsables que terminan en muerte.
No son hechos aislados.
Son síntomas de una misma enfermedad: la improvisación sostenida y la ausencia de control efectivo.
Esa etapa debe terminar.
Mientras la improvisación siga marcando muchas de nuestras decisiones, en un país donde cada día vivimos más personas y usamos más tecnología que trae su cuota de responsabilidad, las tragedias seguirán pasando y creciendo en escalada, como esa que ocurrió hace hoy justo un año.
Esta tampoco debió pasar. Y especialmente porque no ocurrió por la fuerza de la naturaleza, ni en una industria peligrosa: ocurrió en el centro de una ciudad que aspira a ser moderna, en un espacio de recreación, por muchos llamados “marca país”.
Esto no debió pasar.
Me pregunto si como sociedad volveremos a olvidar. Y no hablo del recuerdo que revive los hechos, ni de la reacción que se queda solo en los culpables.
En estos días que la prensa me presenta juicios, procesos y querellas me pregunto:
¿Dónde está la exigencia de mayores controles en los espacios públicos, tanto en los negocios como en aquellos que no lo son?
¿Dónde está la demanda de presencia estatal en cada colmado, cine, discoteca, mueblería o iglesia que abre sus puertas en este país?
¿Dónde está el reclamo colectivo de políticas públicas que impidan que esto vuelva a suceder?
Que podamos entrar tranquilos a un cine, a una discoteca o a una iglesia, conscientes de que si están en funcionamiento es porque un ente, superior al simple espíritu de negocio, ha realizado las verificaciones que correspondían.
Y esto no es un tema de partidos: es la expresión de una cultura de improvisación, de una institucionalidad todavía precaria.
Porque cuando lo inevitable sucede, se lamenta.
Pero cuando lo evitable se repite, se responde.
Y aquí, lo que falta, es respuesta.
Aquí lo que falta es Estado.
